2024-05-17 17:50:03
El Consejo de Europa, organización que representa a hasta 46 países europeos, ha aprobado este viernes y tras dos años de negociaciones el primer tratado internacional y vinculante para regular la inteligencia artificial (IA), un hito no exento de polémica.
Este convenio obliga a los Estados que lo han signado a poner en marcha medidas para “identificar, evaluar, prevenir y atenuar posibles riesgos” de esta tecnología, así como controlarla para garantizar que no se usen para “atacar a las instituciones y procesos democráticos” y para que “respeten la igualdad, incluyendo la de género, impidan la discriminación y protejan la vida privada”.
A partir del 5 de septiembre, fecha establecida para la firma de este marco legal, los países signatarios podrán acogerse a las disposiciones ya establecidas o activar otras medidas equiparables.
El Consejo de Europa, que no pertenece a la Unión Europea, está compuesto por 46 países del continente y cuenta con otros seis Estados (EEUU, Canadá, Japón, México, Israel y el Vaticano) como observadores. Argentina, Australia, Costa Rica, Perú y Uruguay también han participado en las negociaciones.
Sector privado y policía
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Aunque se ha forjado tras dos años de debate interno, el acuerdo ha despertado el malestar tanto de expertos en IA como de legisladores, que denuncian que esas obligaciones para garantizar los derechos humanos no aplican en casos de seguridad nacional. La adopción de sistemas como el reconocimiento facial en contextos policiales o en las fronteras es altamente problemática, pues puede acelerar la discriminación de comunidades particularmente vulnerables como los migrantes. La regulación de la IA de la UE también cuenta con esa controvertida excepción.
El pasado 18 de abril, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa emitió un comunicado en el que denunciaba que el acuerdo también excluye, en gran medida, al sector privado, responsable del desarrollo de los sistemas de IA. Ese “enfoque diferenciado”, lamentaron, “crea una importante laguna”. Los parlamentarios también propusieron incluir una disposición específica sobre salud y medio ambiente.
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El miércoles, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó al Consejo de Europa a “reconsiderar” esas dos polémicas exenciones. Para el periodista Luca Betuzzi, esas críticas son una “clara señal de que la narrativa triunfalista (de las autoridades) no se corresponde con la realidad”.
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