2024-04-21 11:18:31
A seis meses de haber asumido la presidencia, Daniel Noboa pone a prueba su capital político acumulado de manera vertiginosa. Unos 13 millones ecuatorianos acuden este domingo a las urnas dentro y fuera del territorio nacional para responder a 11 preguntas formuladas por un Gobierno necesitado de avanzar en un plan de reformas en materia de seguridad y trabajo. La votación tiene lugar en medio de tres crisis que se interrelacionan: la ruptura de relaciones diplomáticas con México tras la embestida policial contra su embajada que recibió el repudio de la región, los cortes de energía eléctrica que colman la paciencia de la ciudadanía y los ramalazos de violencia urbana a pesar de la intervención castrense en las calles.
A pesar de esos desafíos, Noboa está convencido de que se impondrá en la consulta popular y sentará las bases para permanecer en el Ejecutivo. El hijo del principal magnate de ese país, Álvaro Noboa, inició el pasado 23 de noviembre un mandato que solo completa el del exbanquero Guillermo Lasso, quien tuvo que dimitir en medio de denuncias de corrupción. En febrero de 2025 se deben celebrar los próximos comicios y una victoria este domingo fortalecería las intenciones del presidente de extender su presencia en el Palacio de Carondelet.
“Requerimos reformas urgentes que nos permitan blindar nuestra seguridad”, dijo el joven mandatario al explicar su proyecto. El combate contra los grupos fuera de la ley, remarcó Noboa, “solamente puede sostenerse, si le damos a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, el respaldo claro y firme que estamos planteando en la consulta popular”. Las preguntas formuladas en la papeleta giran alrededor de tres objetivos: facilitar la intervención de las instituciones militares en la lucha contra la delincuencia, proteger legalmente a las fuerzas armadas en sus acciones, reformar leyes vigentes sobre el control de armas, aumentar las condenas de los narcotraficantes y facilitar su extradición.
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Cambios audaces
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El referendo tiene un capítulo económico que expresa las esperanzas de los empresarios y el poder económico que Noboa conoce por su propio linaje. Bajo el llamado a “hacer más competitivo al Ecuador“, el Gobierno quiere un respaldo en las urnas a nuevas formas de contrato laboral por horas. De acuerdo con las estadísticas, solo tres de cada 10 personas tiene empleo formal y con las garantías establecidas en la ley. Para dinamizar el mercado de trabajo se proponen otras modalidades de contratación. Los sindicatos se preguntan qué pasará con el derecho a las vacaciones y los aportes a la seguridad social si se impone el ‘sí’ en las papeletas. A la vez, se llama a los ecuatorianos a aceptar o rechazar el arbitraje internacional en materias de inversión, comercial y contractual.
El diario Expreso recordó que de imponerse el “sí” en las 11 preguntas, Noboa tendrá que esperar entre 65 días y un año para que puedan entrar en vigencia los cambios porque algunos de los proyectos tienen que pasar por el filtro de un Congreso donde carece de mayoría. El partido del expresidente Rafael Correa, Revolución Ciudadana, ha roto todo vínculo con Noboa tras la captura del exvicepresidente Jorge Glas en la embajada mexicana. Ha llamado a votar contra el proyecto reformista y promete impedir cualquier tipo de luz verde en la legislatura donde encabeza la primera minoría. Lo mismo harán el movimiento indígena y otros sectores descontentos con la situación.
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Un país a oscuras
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Los hogares ecuatorianos padecieron cortes de ocho horas hasta las vísperas de la consulta. Según un editorial del diario El Comercio de Quito, el país “se encuentra nuevamente sumido en los estragos de una crisis energética desencadenada por la falta de previsión ante sequías“. Este escenario evoca lo ocurrido durante los años noventa y otras circunstancias posteriores. Las interrupciones “afectan profundamente a Ecuador, ya aquejado por el estancamiento económico, mínima inversión pública y alto endeudamiento”. Se estima que cada cinco horas de apagones, las pérdidas “alcanzan los 80 millones de dólares, exacerbando la indignación ciudadana”.
Noboa ha declarado en emergencia al sector eléctrico. “Una vez más, las amenazas del país requieren decisiones fuertes”. La palabra “amenazas” se relaciona con una hipótesis gubernamental: el sabotaje a las plantas en medio del proceso electoral. “Hemos iniciado una investigación,” dijo el presidente. De confirmarse las presunciones oficiales, “pediremos a la Fiscalía y al sistema de Justicia que se aplique todo el peso de la ley para investigar y procesar a los responsables”. El mandatario ordenó que el 50% de las familias solo pague el 50% del precio del servicio de luz este mes.
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La inseguridad latente
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Ecuador cerró el año pasado con más de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La violencia que lo asola se incubó en pocos años como consecuencia del crecimiento del narcotráfico y la disputa entre bandas por el control territorial en las principales ciudades. Noboa declaró el estado de “conflicto interno” e involucró a las Fuerzas Armadas en las tareas de control y represión de los delincuentes. Si bien el nivel de actividad de esos grupos se limitó tanto en el espacio público como en las prisiones desde donde manejaban sus negocios, las noticias luctuosas no dejan de escucharse. Pocos días antes de la votación, José Sánchez, alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay, a 450 kilómetros de la capital, fue asesinado por cuatro hombres armados. El viernes, en plena veda electoral, acribillaron al acalde de Portovelo, Jorge Maldonado. En los últimos meses, otras tres autoridades municipales habían corrido la misma suerte.
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Aislamiento regional
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Los ecuatorianos que residen en México no podrán participar de la consulta. El país que los ha acogido no solo rompió sus vínculos diplomáticos y se apresta a reducir al mínimo el intercambio comercial con Quito. México intenta que América Latina la acompañe en su reclamo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que Ecuador sea expulsada de Naciones Unidas mientras no se retracte de sus acciones violatorias de la Convención de Viena. Noboa no encontró la solidaridad de ningún país de la región. La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) condenaron el asalto policial de la embajada. La justicia ecuatoriana declaró “ilegal” y “arbitraria” la detención de Glas. “No me arrepiento de nada”, dijo Noboa. El resultado de la consulta determinará si su decisión de entrar por la fuerza a la legación diplomática fortaleció o no las aspiraciones del Gobierno.
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