Analyse du Comité Éditorial EC

La Justicia encara en nuestro país un conjunto de reformas que afectan a los pilares de su funcionamiento en pleno choque del Gobierno de Pedro Sánchez con los jueces. Pero este no es el único frente que tiene abierto el Ejecutivo socialista, que ha visto cómo en las últimas semanas ha tenido que afrontar el apagón de todo el país, el caos ferroviario y la revelación de la actuación de las cloacas del PSOE con la ‘fontanera’ de Ferraz y Moncloa, Leire Díez Castro, a la cabeza. Para analizar todo ello, el Comité Editorial de El Confidencial celebró su segunda reunión del año, en la que también se abordaron las consecuencias de la política arancelaria de Estados Unidos y el papado de León XIV.

Este Comité, presidido por José Antonio Zarzalejos, contó con la asistencia de José Antonio Sánchez, presidente ejecutivo y editor de El Confidencial; Nacho Cardero, director del periódico; los directores adjuntos Carlos Sánchez, Ángel Villarino y Miquel Roig; Alberto Pérez Giménez, subdirector de Nacional; Juan Fernández-Miranda, adjunto al director; Rebeca Fernández, redactora jefa y jefa de Opinión; Irene Hernández Velasco, jefa de Cultura; Javier Jorrín, periodista de Economía; Natalia Velilla, jueza, y Nemesio Fernández-Cuesta, Técnico Comercial y Economista del Estado y ex secretario de Estado de Energía y Recursos Minerales, ambos articulistas de El Confidencial; Ramón González Férriz, periodista y columnista del diario; Ignacio Varela, analista del periódico y consultor político; y Joaquín de Fuentes Bardají, socio director del despacho de abogados Escalona & De Fuentes, responsable de su departamento de Derecho Público y abogado del Estado en excedencia.

Objetivo: limitar el poder judicial

Natalia Velilla analizó cuáles son los textos legales, unos aprobados, otros en trámite y otros congelados que buscan “cambiar radicalmente la administración de justicia“. A pesar de que no sale “casi ninguna ley” del Parlamento, dado que se está regulando por decreto ley del Gobierno, “la actividad parlamentaria es intensa” dos cuestiones que nos deben hacer dudar de la bondad de estos proyectos”, advirtió: primero, el “indisimulado ataque del Ejecutivo a los jueces, con constantes acusaciones de prevaricación y lawfare, por lo que no parece que las reformas vayan encaminadas a un reforzamiento de la independencia judicial”. Y, segundo, pese al calado de las medidas adoptadas, “ningún texto lleva aparejada memoria económica ni presupuesto”.

Para empezar, la jueza tachó de “inconstitucional” la ley de limitación de la acción popular, que se encuentra en estado de congelación parlamentaria: “Se desnaturaliza tanto la acción popular, que la convierte en una institución vacía de contenido. Nominalmente, se mantiene la acción prevista en el artículo 125 CE, pero, en la práctica, la hace inútil y residual“.

Además, se está trabajando en un proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo “texto se desconoce” pretende otorgar la instrucción a los fiscales, relegando a los jueces a un papel de juez de garantías, en la medida en la que el fiscal no puede por su propia autoridad dictar resoluciones restrictivas de derechos. Pero el juez dejará de estar presente en las diligencias e impulsar la instrucción”, detalló. Para Velilla, “con una Fiscalía tan dependiente del Gobierno”, estos dos últimos cambios darían al Ejecutivo un poder “casi omnímodo sobre las investigaciones penales”.

En lo que respecta a la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con “la excusa de las exigencias de GRECO”, se cambia sin modificar el sistema de elección del Fiscal General del Estado. “La única medida positiva relevante es la ampliación a cinco años de su mandato, superando a la legislatura. Es una reforma cosmética que mantiene la elevada politización de ese cargo y su dependencia del Gobierno”.

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Velilla también hizo mención a la Ley de eficiencia procesal, ya aprobada, que responde a la necesidad de “modernizar la justicia” como presupuesto que viene de la Unión Europea para recibir los fondos New Generation. “Hay cambios procesales y organizativos, y dentro de los primeros, el cambio más importante es el de exigir a las partes en los procesos civiles y mercantiles el haber intentado un Medio Alternativo de Solución de Controversias”, sin el que no se pueden admitir las demandas. A su juicio, esta exigencia puede ser de “dudosa constitucionalidad en algunos casos”, en la medida en la que podría limitar el derecho a la tutela judicial efectiva, y solo reducirá la litigiosidad “de forma artificial, encareciendo el proceso”.

Por último, aludió a la modificación del acceso a la carrera judicial, tras la reiteración del “mensaje manipulado” sobre la adscripción social e ideológica de los jueces. Consideró que se rebajan “las exigencias tanto en el acceso por turno libre como por cuarto turno, pero se introducen unas novedades que desincentivan el turno libre y adulteran el mérito y capacidad en el acceso”. En este sentido, destacó que la regularización extraordinaria de sustitutos supone “una degradación de la carrera judicial por la manera en la que está planteada”.

La intervención de Velilla dio paso a un coloquio en el que se debatió sobre la eficiencia de la administración y “el cortoplacismo” de un plan de reformas “atravesado” por la idea de “fomentar la intervención del Gobierno en la Justicia”. En opinión de Velilla, el objetivo final de estos proyectos es “diluir el Poder Judicial“, más que “colocar” a profesionales afines: “Lo que se busca es proteger al poder ejecutivo en general, no solo al PSOE”. “¿Qué Gobierno ha querido que funcione la Justicia?”, se preguntó antes de concluir que la solución pasa por “dotarla de recursos“, pero eso “no se pone en práctica”.

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Todas las incógnitas sobre el apagón

Un mes después del apagón que afectó a toda España, siguen sin clarificarse las causas inmediatas. A la luz de las explicaciones dadas sobre lo sucedido, Nemesio Fernández-Cuesta vaticinó que el relato oficial apuntará hacia un suceso sobrevenido que pueda ser calificado de “fuerza mayor”. Esta catalogación podría aclarar un horizonte amenazado por las reclamaciones millonarias.

Sin embargo, la idea de que la recuperación fue un éxito es “una prueba más” de que el fallo inicial se produjo por “un error del operador del sistema (REE)”. “Todos los equipos y todas las líneas estaban intactos, no había nada que reparar”, argumentó. También recordó que el PNIEC prevé que la potencia nuclear instalada se haya reducido en 2030 hasta 3.041 MW desde los 7.110 actuales, y que en el momento del apagón estaban funcionando 3.391 MW, lo que lleva a cuestionarse si “estaban forzando los límites”. De igual forma, en ese mismo instante, la generación firme (síncrona) se situaba en el 16%, frente a un 20/30 recomendado. “Este porcentaje puede reducirse siempre que se cuente con suficiente almacenamiento, lo que no ocurre en España”.

Para Fernández-Cuesta, los errores en la planificación de REE “irán apareciendo”: “Exceso de líneas infrautilizadas, ausencia de almacenamiento y falta de equipamiento de seguridad en la conexión de las renovables a la red. En un sector regulado donde está pendiente acordar la retribución a las inversiones en distribución y transporte, no es fácil que nadie levante la voz”, indicó.

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La gestión del sistema se efectúa en dos etapas: primero, la optimización económica sobre la que se superpone la gestión técnica que debe garantizar la seguridad. Cuando para atender la demanda se saca de la planificación una central que ha entrado por precio para meter otra que entra por seguridad, aunque sea más cara, se ha introducido una “restricción” en el sistema, que acarrea su coste correspondiente, y el importe de las restricciones se ha disparado desde el suceso.

Por último, recalcó que no tiene sentido “enfrentar un tipo de energía con otro“, ya que todas son necesarias, “unas por precio y ausencia de emisiones, otras por firmeza y otras por flexibilidad”. Y las renovables con almacenamiento pueden aportar “firmeza y flexibilidad”.

El debate tras esta ponencia giró en torno al papel de las renovables en la carrera para que Europa pueda ser competitiva y sobre la carga impositiva que soporta la energía nuclear.

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El caos arancelario de la era Trump

Los anuncios y las rectificaciones de Donald Trump complican saber realmente en qué punto se encuentra la guerra arancelaria. Y más después de que el Tribunal de Comercio de EEUU dictara el pasado miércoles que el presidente no tiene competencias para establecer aranceles generales a los países. Sin embargo, la aplicación de esta sentencia ha quedado suspendida cautelarmente por el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal.

En caso de que se confirmase la suspensión de estas tasas, Javier Jorrín adelantó que lo más probable es que Trump cambie su estrategia arancelaria “de países a productos o sectores”, porque el Tribunal de Comercio no ha tumbado los que se aplican a bienes concretos. “El presidente puede argumentar causas de seguridad nacional para establecer otros, pero ya no serán generales. Cambiarían por completo las negociaciones con terceros países”, valoró.

Para entender cuál es la situación actual, aclaró que hay un arancel general del 10%; del 25% para las importaciones de acero y aluminio, así como para automóviles y componentes del sector automotriz; y del 30% para productos importados desde China. Además, los republicanos han eliminado la exención ‘de minimis’ que permitía a los paquetes de menos de 800 dólares no pagar arancel, y las tasas específicas por país están suspendidas hasta el 9 de julio para dar tiempo a la negociación.

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El líder norteamericano sí ha cerrado dos acuerdos comerciales, el primero con Reino Unido, que mantiene el arancel general del 10%, pero establece excepciones para sectores clave británicos, como el acero, el aluminio o los vehículos. Y el segundo es con China, al que se rebajó al 30% la imposición general. El resto de pactos que anunció hace tres semanas permanecen congelados.

La Unión Europea encabeza el grupo de “los negociadores duros” y la respuesta de EEUU ha sido amenazar con una tasa del 50% si no se firma un acuerdo antes del 9 de julio. “Para comprender la magnitud de estas cifras, según las estimaciones, un arancel del 50% eliminaría a medio plazo algo más del 90% de las exportaciones de la UE a Estados Unidos”, concretó.

Desde que inició esta batalla comercial, se ha especulado mucho sobre las verdaderas intenciones del presidente. Frente a los que ven en esto una “estrategia de presión para conseguir beneficios“, Jorrín recordó que Trump lleva desde los años 80 hablando de estas tarifas y cree que ayudarán a relocalizar la producción. “Está genuinamente convencido y es posible que hasta obsesionado con los aranceles. De hecho, los alcanzados con Reino Unido y Canadá consolidan tributos elevados”.

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Antes del primer mandato de Trump, el arancel efectivo de Estados Unidos era del 1%. En esos cuatro años lo subió hasta el 3% y con las medidas adoptadas hasta ahora lo ha elevado al 13%. “La plena implementación de los aranceles anunciados el Día de la Liberación llevaría el tipo efectivo cerca del 33%“, remarcó.

El impacto económico de esta política comercial ya ha empezado a mostrarse y el primer afectado es Estados Unidos, “que ha pasado de crecer a tasas anualizadas cercanas al 3% a una contracción del 0,3% en el primer trimestre del año”. No es descartable que entre en recesión en el segundo trimestre y, en buena medida, esta caída se debe al “efecto anticipación de las exportaciones” antes de que entraran en vigor los aranceles.

Para Europa, la anticipación de exportaciones fue un impulso al crecimiento en el primer trimestre, con récord histórico de ventas a EEUU. “Lo normal sería que en el segundo trimestre las exportaciones cayeran de forma notable, por lo que el impacto económico nos llega ahora”, avanzó. La exposición de la UE a Estados Unidos es relevante: el 20,6% de las exportaciones y el 2% del PIB. España tiene una exposición mucho más baja: el 12% de las exportaciones y poco más del 1% del PIB.

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Además de este impacto directo potencial, hay otros canales de contagio “más peligrosos”. Por un lado, la incertidumbre sobre la política comercial genera “un impacto negativo en términos de menor inversión empresarial“. No obstante, el riesgo más peligroso es el de “una crisis financiera”. “Los episodios de volatilidad de los últimos meses se superaron porque los mercados no han perdido la confianza en Trump, pero si los inversores asumen que el norteamericano no va a firmar la paz comercial, podrían ponerse muy nerviosos”, concluyó.

Tras esta intervención, se puso sobre la mesa el aumento de la presión sobre la figura de Trump, cuya popularidad ha descendido, y su “irracionalidad” a la hora de afrontar el debate sobre los aranceles.

Un pontificado de síntesis

El pasado 8 de mayo Robert Francis Prevost salió al balcón central de la Basílica de San Pedro en el Vaticano como Sumo Pontífice. Irene Hernández Velasco, quien cubrió su elección en Roma para El Confidencial, apunta que en pocos días León XIV ha dejado claro que su programa de gobierno pasa por la continuidad en el fondo con Francisco (cuya tumba ya ha visitado dos veces), y la recuperación de las formas de Benedicto XVI, de la liturgia tradicional.

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“El primer Papa estadounidense de la historia se está demostrando como una mezcla perfecta entre modernidad y tradición, ruptura y continuidad. El suyo será un pontificado de síntesis, con guiños a la tradición, pero en fuerte sintonía con el legado de Francisco. Y eso contribuirá a apaciguar las aguas de una Iglesia sacudida por una fuerte marejada después de 12 años de pontificado de Jorge Mario Bergoglio, a causa de las maneras del Papa argentino, de su afición por saltarse los ritos y protocolos y de su gusto por improvisar”, consideró.

De hecho, a León XIV no le gusta la improvisación, algo que se puso de manifiesto cuando salió al balcón después de que el cardenal francés Dominique Mamberti proclamara el famoso “Habemus Papam”https://www.elconfidencial.com/espana/2025-05-31/justicia-reformas-poder-ejecutivo-1hms_4141539/.”Prevost tenía perfectamente pensado lo que quería decir y, por si acaso, se lo había escrito en unos folios, que leyó con esmero. A eso se añade que ha decidido volver a vivir en el Palacio Apostólico, que ha recuperado la estola y la muceta papales que Francisco había desechado, que no se desplaza en el Fiat blanco que usaba Francisco, y que en su encuentro con los periodistas nos bendijo en latín (mientras que Francisco optó por una bendición silenciosa en signo de respeto a los seguidores de otras religiones y los no creyentes)”.

En evidente continuidad con Francisco, León XIV también ha manifestado abiertamente su deseo de que la Iglesia sea sinodal y esté permanentemente en misión, que actúe “como un hospital de campaña que cure a los heridos de hoy en día, a los descartados por la sociedad”. En ese sentido, su pontificado “se sustentará sobre los mismos pilares sobre los que Bergoglio edificó su papado” y está decidido a seguir la estela de Francisco en su denuncia de las guerras y en sus auspicios a favor de la paz.

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“Las maneras suaves y tranquilas de León XIV, sumadas a su recuperación de elementos tradicionales de la Iglesia, sin duda le valdrán la simpatía de muchos católicos españoles, pero, a corto plazo, el gran escollo español del nuevo Papa será la prelatura del Opus Dei“, avanzó Hernández Velasco. En 2022, el papa Francisco emitió un motu proprio que establecía cambios significativos en la organización interna del Opus Dei y reducía su autonomía. Hasta ese momento, el Opus Dei gozaba de un estatus único dentro de la Iglesia, al ser una prelatura personal y gozar de considerable independencia. Tras la publicación del motu proprio, el Opus debía modificar sus estatutos para adaptarlos a su nueva situación. Según la revista Vida Nueva, el Opus ya habría presentado ante la Santa Sede tres borradores de sus nuevos estatutos, y los tres habrían sido rechazados. “Varios vaticanistas aseguran que León XIV ya habría enviado una carta reservada al prelado de la Obra, Fernando Ocáriz, en la que urgiría a revisar los estatutos del Opus para adaptarlos a las reformas que se le exigen. Y le habría dado un plazo de seis meses para hacerlo, advirtiéndole de que si el texto no llega a Roma antes de diciembre, la Santa Sede tomará las medidas necesarias”.

El Gobierno ha perdido “el relato”

Juan Fernández-Miranda hizo una panorámica sobre la situación política actual. Comenzó definiendo al gabinete de Sánchez como un Gobierno “acorralado judicialmente y frágil desde el punto de vista político, que ha perdido el relato y la iniciativa“, pero que sigue adelante aferrado al poder.

Su voluntad de continuar y el plan para perpetuarse tiene dos ejes que el líder socialista señaló con claridad el 29 de abril de 2024, cuando volvió de sus cinco días de reflexión: “Someter al poder judicial y a la prensa, aunque en ambos casos está encontrando resistencias notables“.

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“Aquel 29 de abril, Sánchez amplificó su peor versión, y elevó el muro levantado en la sesión de investidura. Más colonización de instituciones y empresas, más bunkerización de Moncloa y más sometimiento del partido, como reveló el congreso federal de 30 de noviembre y 1 de diciembre. En él se asumió el lawfare, Begoña Gómez se dio un baño de multitudes y Zapatero fue coronado como referente histórico del PSOE”, afirmó Fernández-Miranda, quien calificó todo este proceso como la “kirchnerización” del partido.

Transcurridos seis meses desde este congreso, en las últimas semanas se ha acelerado el “paulatino agotamiento del proyecto Sánchez” con el apagón, el caos ferroviario del 4-5 de mayo, la revelación de mensajes del 12 de mayo y los audios de la UCO del 26 de mayo. Es decir, “un mes en el que en España no se habla de otra cosa“. Previamente, el Gobierno tuvo que aprobar un incremento del gasto en defensa presionado por la OTAN y la UE, lo que ha generado también “tensiones internas en la coalición”.

Y todo ello mientras en los tribunales concurren cuatro causas graves: el caso de Koldo y Ábalos; el de Begoña Gómez; el del Fiscal General del Estado y el de David Sánchez. Para Fernández-Miranda, las estrategias de defensa de todas ellas están “perfectamente coordinadas por Moncloa, con la Fiscalía General y la Abogacía como arietes en lo judicial y todo el Gobierno coordinado en la comunicación“.

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Con el Ejecutivo en un escenario de incapacidad parlamentaria, Y cuando aún no se ha llegado al ecuador de la legislatura, el escenario demoscópico no ofrece certidumbres, aunque sí “una suma probable de PP y Vox”. A pesar de todo, el PSOE mantiene el suelo electoral de 115-120 escaños y el PP sigue oscilando entre los 137 que tiene y un máximo de 155. “Hace tiempo que la derecha suma en todas las encuestas privadas, pero tras el trauma del 23-J nadie da nada por sentado. Lo cierto es que el Partido Popular no despega y que la relación PP-Vox no está en absoluto normalizada”, resaltó.

El PP va a adelantar su congreso nacional, con la peculiaridad de que incorporará la ponencia política. Fernández-Miranda incide en los tres desafíos a los que se enfrenta esta formación: orgánico, “debe readaptar la estructura del partido”; activar un gobierno en la sombra que incluya a más portavoces; y la batalla ideológica, que supone “la oportunidad de Feijóo para conseguir ensanchar su base, tanto hacia el centro como hacia la derecha”.

“La pregunta irresoluble en el PP es cómo atraer votos de Vox sin perder al votante socialista desencantado, y la respuesta está en el propio PP porque no se trata de más derecha o más centro, sino de más liderazgo y más discurso”, resumió.

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Por todo ello, Fernández-Miranda ve grandes paralelismos con la legislatura de 1993-1996, que acabó en adelanto electoral. No obstante, “todo parece indicar que la debilidad del Gobierno, especialmente la judicial, aleja tal posibilidad” y la única opción verosímil para un cambio en el escenario es que Sánchez “detecte una bajada irreversible en las encuestas” el Gobierno reconstruya su pacto de investidura para recuperar la mayoría parlamentaria se antoja muy complicado, por no decir imposible“, concluyó.

Tras esta última ponencia, los integrantes del Comité Editorial intercambiaron visiones sobre el estado de la legislatura, la maraña que envuelve a la amnistía, y el futuro de la política española en un contexto internacional de incertidumbre.